La estrategia política del PP para ahorrar millones de euros a las arcas públicas revela de manera plástica y sin ambages la convicción de los conservadores según la cual es sostenible perder empleo si con ello se adelgaza el Estado Social. Esta actitud se pone de manifiesto en la decisión de Cospedal y Aguirre en materia educativa. Con tal de ahorrar, han metido mano a servicios esenciales como la educación, poniendo en peligro no solo la calidad de la enseñanza, sino también el mantenimiento de miles de puestos de trabajo.
Por poner un ejemplo, han aumentado las horas del profesorado para ahorrarse con ello la contratación de miles de interinos. Esto propiciará que profesores de una especialidad determinada se vean obligados a tener que impartir áreas de estudio ajenas a su competencia profesional, con el consiguiente deterioro de la enseñanza. Cuando un profesor se dé de baja durante semanas, se evitarán contratar a un interino, quedando el grupo de alumnos desatendido o atendido por un profesor no cualificado. A esto se le suma el hecho sangrante de que unos 3.000 interinos se quedarán en paro. Lo que llama poderosamente la atención de esta decisión es la intención de los conservadores de tocar servicios no solo secundarios o prescindibles, sino vitales dentro del Estado Social. Está claro que el PP está convencido de que la única manera de sacar a España de la crisis es debilitar el Estado de Bienestar, llevando su política de austeridad más allá de lo razonable.
El sentido común nos hace empatizar con todas aquellas medidas que supongan un ahorro sin tener con ello que debilitar el servicio social que proporcionan. Todos los ciudadanos esperamos medidas de austeridad que estén dentro de una racionalidad sensible con la realidad social. Sin embargo, la política económica del PP se dibuja en trazos gruesos, atentando contra el mantenimiento de derechos garantizados por la Constitución. En Castilla-La Mancha, Cospedal ha articulado un plan de austeridad que se dirige primordialmente a servicios sociales. Otras medidas, sin embargo, son de una efectividad incuestionable, como es el caso de venta de coches públicos e inmuebles. Conviene quedar claro la diferencia entre ahorrar evitando lo prescindible y pretender inflar las arcas autonómicas a costa de empeorar los servicios públicos. Prohibir la contratación de personal interino o eventual, así como cambiar horas extra por tiempo de descanso, pueden parecer a priori medidas que revelen una efectividad meridiana, pero si lo miramos con detenimiento y atendiendo a la casuística, mucho me temo que erosionan la calidad de derechos fundamentales como la educación o la sanidad.
Las políticas conservadoras (especialmente en España) siempre han desconfiado de la capacidad del Estado para gestionar de manera eficaz los servicios públicos. No solo porque un Estado Social tienda a la ineficacia y la burocratización (pega del todo legítima), sino porque es muy costoso y genera déficit. De ahí que sea más cómodo delegar en empresas privadas estos servicios, ejerciendo el Estado un papel de mero inspector. Esta filosofía podría tener cabida cuando la privatización se cede a servicios secundarios o auxiliares, pero si lo que está en juego son derechos que se asientan en algo más que la rentabilidad, caben serias dudas de que la solución a los problemas de liquidez sea privatizar la educación o la sanidad, o tratarlas como si fueran meras empresas sometidas a la ley de mínimo coste, máximo beneficio. Quienes tienen que gestionar la renta de su familia, saben muy bien que existe una escala de valores que va desde lo prescindible a lo inapelable, del capricho al bien de primera necesidad. Un Estado es como una familia, debe saber qué bienes son intocables y con cuáles puedes vivir sin ellos. Mi sospecha está en que las políticas económicas conservadoras tienden a tratar al Estado Social como una empresa y a percibir los servicios sociales como un gasto y no como una inversión de futuro. Confían en que el libre mercado genera por ciencia infusa, por generación espontánea, igualdad y bienestar, idea tan absurda como peligrosa.
Por poner un ejemplo, han aumentado las horas del profesorado para ahorrarse con ello la contratación de miles de interinos. Esto propiciará que profesores de una especialidad determinada se vean obligados a tener que impartir áreas de estudio ajenas a su competencia profesional, con el consiguiente deterioro de la enseñanza. Cuando un profesor se dé de baja durante semanas, se evitarán contratar a un interino, quedando el grupo de alumnos desatendido o atendido por un profesor no cualificado. A esto se le suma el hecho sangrante de que unos 3.000 interinos se quedarán en paro. Lo que llama poderosamente la atención de esta decisión es la intención de los conservadores de tocar servicios no solo secundarios o prescindibles, sino vitales dentro del Estado Social. Está claro que el PP está convencido de que la única manera de sacar a España de la crisis es debilitar el Estado de Bienestar, llevando su política de austeridad más allá de lo razonable.
El sentido común nos hace empatizar con todas aquellas medidas que supongan un ahorro sin tener con ello que debilitar el servicio social que proporcionan. Todos los ciudadanos esperamos medidas de austeridad que estén dentro de una racionalidad sensible con la realidad social. Sin embargo, la política económica del PP se dibuja en trazos gruesos, atentando contra el mantenimiento de derechos garantizados por la Constitución. En Castilla-La Mancha, Cospedal ha articulado un plan de austeridad que se dirige primordialmente a servicios sociales. Otras medidas, sin embargo, son de una efectividad incuestionable, como es el caso de venta de coches públicos e inmuebles. Conviene quedar claro la diferencia entre ahorrar evitando lo prescindible y pretender inflar las arcas autonómicas a costa de empeorar los servicios públicos. Prohibir la contratación de personal interino o eventual, así como cambiar horas extra por tiempo de descanso, pueden parecer a priori medidas que revelen una efectividad meridiana, pero si lo miramos con detenimiento y atendiendo a la casuística, mucho me temo que erosionan la calidad de derechos fundamentales como la educación o la sanidad.
Las políticas conservadoras (especialmente en España) siempre han desconfiado de la capacidad del Estado para gestionar de manera eficaz los servicios públicos. No solo porque un Estado Social tienda a la ineficacia y la burocratización (pega del todo legítima), sino porque es muy costoso y genera déficit. De ahí que sea más cómodo delegar en empresas privadas estos servicios, ejerciendo el Estado un papel de mero inspector. Esta filosofía podría tener cabida cuando la privatización se cede a servicios secundarios o auxiliares, pero si lo que está en juego son derechos que se asientan en algo más que la rentabilidad, caben serias dudas de que la solución a los problemas de liquidez sea privatizar la educación o la sanidad, o tratarlas como si fueran meras empresas sometidas a la ley de mínimo coste, máximo beneficio. Quienes tienen que gestionar la renta de su familia, saben muy bien que existe una escala de valores que va desde lo prescindible a lo inapelable, del capricho al bien de primera necesidad. Un Estado es como una familia, debe saber qué bienes son intocables y con cuáles puedes vivir sin ellos. Mi sospecha está en que las políticas económicas conservadoras tienden a tratar al Estado Social como una empresa y a percibir los servicios sociales como un gasto y no como una inversión de futuro. Confían en que el libre mercado genera por ciencia infusa, por generación espontánea, igualdad y bienestar, idea tan absurda como peligrosa.
Ramón Besonías Román
Tengo dolores de Cospedal, dijo el comico anoche. Otros los tendrán de verdad. Se puede rebajar la carestía interna de los coches o de las fotocopias innecesarias, pero hay otros órdenes, y se entiende menos (nada) que se merme en cuestiones innegociables como la sanidad o la educación. El Estado como Familia. Está bien eso. No gastar lo que no hay. No dilapidar lo que cuesta tanto ganar. En fin. Estamos a expensas de gente que casi nunca se esmera en pensar la sencillez de algunas cosas. No sé nada de politica, cada día consiento menos perderme en los periódicos, en la lectura del orden del día, en saber qué pasa y entender las razones. Tus escritos mismos. Me cuestan cada día más, Ramón. Está visto que me sacan de mis series y de mi cine y de mi jazz y me pongo nervioso. Un saludo, amigo. Grande.
ResponderEliminarSiento haberte creado dolores (de Cospedal), amigo Emilio. La realidad golpea, la ficción a veces también. No es ni debe ser solo refugio de la sensibilidad, alivio del alma. Víctor Hugo dixit.
ResponderEliminarEstoy de acuerdo, Ramón. Las conquistas sociales, el estado del bienestar no es un regalo del capitalismo (visto desde una perspectiva histórica, no solo ctual), sino que es una conquista gradual de la lucha de las clases trabajadoras por la conquista de sus derechos y las mejoras más significativas lo fueron al amparo de gobiernos progresistas, sobre todo los socialdemócratas nórdicos. Por eso, a pesar de los errores (sobre todo en época de crisis internacional; no sólo local como quieren hacer creer algunos), siempre votaré a partidos de izquierdas. ¿Tendría sentido -si se me permite la extrapolación hiperbólica- que, recién abolida la esclavitud, un negro votara al mismo partido que un miembro del Ku-Klux-Klan?
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