Si Dios no existe, todo es posible

Si has leído algunos de mis artículos, podrás comprobar que intento guiarme por el sentido común, analizar la perpleja realidad desde la razón, evitando dejarme llevar por emociones pasajeras o fobias personales. Sin embargo, la noticia del rescate a los bancos ha provocado en mí, no tanto una invitación a pensar, cuanto una indignación que anula cualquier intento de ponderar con equilibrio y mesura los signos de los tiempos. Vamos, que estoy cabreado; aunque decir cabreado es poco. Mis sentimientos basculan entre una ira contenida y la sensación de que si esto es posible, nada de lo que diga a partir de ahora este u otro gobierno es creíble; que mejor adoptar la postura del escéptico y cuadrar un sonoro corte de mangas a la clase política y a la camada inmoral de directivos de banca que, de seguro, saldrán de este trance refortalecidos y con la faltriquera aún más llena.

El Ejecutivo español deja que los bancos sean rescatados, mientras el pueblo tiene que tragar con resignación que se esquilme su futuro. El rescate es un signo del fracaso de la política, y con ella también el fracaso de la justicia social. Está claro que no veremos ni ahora ni mañana medidas valientes que redistribuyan la riqueza y aquellos que se alimentaban del dinero ajeno, lo seguirán haciendo, justificando su espolio a través de un catálogo esotérico de cifras macroeconómicas que no hace otra cosa que alimentar en la ciudadanía la sensación de que nos están tomando el pelo.

Ya lo dijo claro el ministro Wert, dirigiéndose a las masas indignadas contra sus recortes educativos: ¡no lo entendéis! Y tiene razón, no lo entendemos, escapan de nuestra capacidad racional y nuestra imaginación los designios de estos dioses indolentes, que con su dedo implacable dictan leyes draconianas contra la ciudadanía que puso en ellos su confianza. 

No esperen del pueblo soberano comprensión y paciencia, porque no la merecen. Si no pueden explicarse con transparencia no es porque no sepan hacerlo, es porque la realidad impone, según su lógica maquiavélica, obedecer y callar. 

El principio esencial de toda justicia social es reequilibrar las aportaciones que cada cual hace al bien común, de tal forma que el que tiene poco, no vea desaparecer derechos básicos, y el que tiene más, aporte necesariamente mucho más, a fin de que la balanza de riqueza permita que toda la ciudadanía posea un mínimo de bienestar sostenible. Este principio de justicia ha brillado por su ausencia durante la legislatura de Rajoy. Las imposiciones fiscales a las rentas altas -digamos 100.000 euros al año- no han siquiera rozado su epidermis. La bajada de sueldos a los políticos es insuficiente. Hollande, nada más asumir el cargo, restó un 30% la asignación a su equipo de gobierno; algo más que un gesto. 

La ciudadanía tiene la sospecha fundada de que es la clase media quien está asumiendo la pena capital de la crisis. Que la impunidad campa a sus anchas por la vasta piel de toro. Que cuando acabe la crisis, el futuro de tres generaciones quedará hipotecado y los que tienen poder y dinero apenas habrán notado su efecto. Que no se depurarán responsabilidades en los altos ejecutivos de la banca y en todos aquellos que con su usura y su falta de escrúpulos soplaron esta burbuja hasta hacerla explotar.

Cuando en tiempos que exigen valentía y determinación, los principios éticos desaparecen entre aquellos que detentan el poder político, la ciudadanía también claudica. Si Dios no existe, todo es posible. Y este pesimismo deviene necesariamente en un campo abonado para populismos y extremismos variados. La creencia en la democracia como el mejor de los sistemas posibles pierde crédito, principalmente porque el consenso social que ésta generaba se ve afectado por el agravamiento de las diferencias económicas y la impunidad política. 

La crisis ha revelado que por encima de la pluralidad política, de los diferentes enfoques que izquierda o derecha puedan tener sobre política económica, el universo financiero está regulado por leyes eternas e inmutables que dictan el devenir de Europa y a las que el poder político se doblega sin intervenir, obedeciendo con docilidad su catecismo intransigente. Este hecho supone el fin de la política. La clase política solo generará confianza en la ciudadanía si ésta empieza a observar una voluntad sincera de intervenir con políticas de control el libre albedrío del sistema financiero; si se impone a sí misma la regla moral de doblegar a los mercados a principios inalienables de justicia social. Si subordinamos las políticas económicas a las necesidades caprichosas del devenir financiero, la política está muerta. 

Ramón Besonías Román