Publicado en el diario Hoy, 6 de agosto de 2011
La clase política española hasta ahora se había acostumbrado a vérselas con grupos de presión tradicionales con los que establecía un protocolo de actuación normalizado, pese a sus momentos de quiebra dialógica. La actuación de la sociedad civil dentro de la vida pública ha sido hasta ahora escasa o insignificante, salvo la clásica mediación establecida con sindicatos y empresarios. El asociacionismo juvenil se mantenía callado y contento a través del sistema de subvenciones. Los grupos sociales antisistema, por su parte, solo representaban un residuo insignificante, fácil de controlar y reprimir, y presente tan solo en eventos aislados y sin una estructura interna estable.
El 15M ha supuesto una sorpresa para la clase política, tanto por su persistencia y apoyo popular como por la efectividad de su organización horizontalista y flexible. Es muy probable que numerosos políticos vieran el movimiento 15M en un inicio -incluso a estas alturas- como un fenómeno social pasajero y difusa ideología del que no merecía la pena preocuparse o del que era mejor mantenerse prudente. Sin embargo, muy pronto apreciaron el favor popular que poseía y empezaron a replantearse si no era mejor utilizar electoralmente su lista de demandas; eso sí, evitando en todo lo posible que su presencia en las calles pudiera suponer un estorbo. Esta doble moral se ha observado de manera aplastante durante los sucesos acaecidos el pasado 2 de agosto. El Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio del Interior están preocupados por el impacto que este tipo de concentraciones ciudadanas puedan tener sobre la próxima visita del pontífice Benedicto XVI y han decidido atajar por lo sano, sin diálogo ni aviso previos.
La actitud de las instituciones políticas está siendo cuando menos cuestionable. No se pueden estar predicando por un lado las bondades del activismo ciudadano y aprovecharse de algunas de sus demandas como mera estrategia política. Se hace urgente establecer ya un sistema de comunicación entre el ejecutivo y el movimiento 15M que impida que estos sucesos no vuelvan a tener lugar y que establezca una compromiso real y efectivo de llevar a cabo aquellas demandas del colectivo de indignados que poseen más apoyo popular y acuerdo político. El movimiento 15M no debería servir de eslogan publicitario para ganar unas primarias. La ciudadanía tiene que percibir que realmente existe una voluntad firme y sincera de escucharles, más allá de oportunismos y populismos ramplones.
Por ahora, nada parece indicar que la clase política haya analizado con seriedad y profundidad la importancia que puede tener a largo plazo este nuevo tipo de activismo político ciudadano. Aunque no es tarde para intentarlo. No olvidemos que muchos de los que ahora se indignan en las calles, o años después sus propios hijos, serán aquellos que ocupen cargos de responsabilidad en la sociedad del futuro. El 15M es ante todo un movimiento democrático, que apoya un reformismo integral, no solo superficial, de las instituciones públicas y su modelo de relación con la ciudadanía. Son alérgicos a ser etiquetados ideológicamente; comparten ideologías privadas diversas con objetivos democráticos comunes. Basan su poder mediático en una fórmula clásica y sencilla de desobediencia civil: la manifestación pacífica en las calles. Segar este derecho básico constitucional es a la larga un grave error, que solo hará crecer la voluntad del movimiento y dar credibilidad y aliento a sus objetivos.
Estos aires frescos de renovación democrática deberían servir tanto a políticos como a ciudadanos para fortalecer un consenso sobre el futuro de nuestras instituciones, las cuales necesitan una urgente capa de pintura que recupere el optimismo de la sociedad civil en la política. Lo dicho, no es tarde, y la dicha es buena.
El 15M ha supuesto una sorpresa para la clase política, tanto por su persistencia y apoyo popular como por la efectividad de su organización horizontalista y flexible. Es muy probable que numerosos políticos vieran el movimiento 15M en un inicio -incluso a estas alturas- como un fenómeno social pasajero y difusa ideología del que no merecía la pena preocuparse o del que era mejor mantenerse prudente. Sin embargo, muy pronto apreciaron el favor popular que poseía y empezaron a replantearse si no era mejor utilizar electoralmente su lista de demandas; eso sí, evitando en todo lo posible que su presencia en las calles pudiera suponer un estorbo. Esta doble moral se ha observado de manera aplastante durante los sucesos acaecidos el pasado 2 de agosto. El Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio del Interior están preocupados por el impacto que este tipo de concentraciones ciudadanas puedan tener sobre la próxima visita del pontífice Benedicto XVI y han decidido atajar por lo sano, sin diálogo ni aviso previos.
La actitud de las instituciones políticas está siendo cuando menos cuestionable. No se pueden estar predicando por un lado las bondades del activismo ciudadano y aprovecharse de algunas de sus demandas como mera estrategia política. Se hace urgente establecer ya un sistema de comunicación entre el ejecutivo y el movimiento 15M que impida que estos sucesos no vuelvan a tener lugar y que establezca una compromiso real y efectivo de llevar a cabo aquellas demandas del colectivo de indignados que poseen más apoyo popular y acuerdo político. El movimiento 15M no debería servir de eslogan publicitario para ganar unas primarias. La ciudadanía tiene que percibir que realmente existe una voluntad firme y sincera de escucharles, más allá de oportunismos y populismos ramplones.
Por ahora, nada parece indicar que la clase política haya analizado con seriedad y profundidad la importancia que puede tener a largo plazo este nuevo tipo de activismo político ciudadano. Aunque no es tarde para intentarlo. No olvidemos que muchos de los que ahora se indignan en las calles, o años después sus propios hijos, serán aquellos que ocupen cargos de responsabilidad en la sociedad del futuro. El 15M es ante todo un movimiento democrático, que apoya un reformismo integral, no solo superficial, de las instituciones públicas y su modelo de relación con la ciudadanía. Son alérgicos a ser etiquetados ideológicamente; comparten ideologías privadas diversas con objetivos democráticos comunes. Basan su poder mediático en una fórmula clásica y sencilla de desobediencia civil: la manifestación pacífica en las calles. Segar este derecho básico constitucional es a la larga un grave error, que solo hará crecer la voluntad del movimiento y dar credibilidad y aliento a sus objetivos.
Estos aires frescos de renovación democrática deberían servir tanto a políticos como a ciudadanos para fortalecer un consenso sobre el futuro de nuestras instituciones, las cuales necesitan una urgente capa de pintura que recupere el optimismo de la sociedad civil en la política. Lo dicho, no es tarde, y la dicha es buena.
Ramón Besonías Román
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