El titular: «El PP de Madrid plantea convocar a sus 90.000 afiliados frente a los indignados». Lo dice su secretario general, Francisco Granados. En tono irónico, sin intenciones. Porque eso de salir a la calle y manifestarse, a no ser que sea para defender asuntos de materia moral o religiosa, no va con los conservadores. Les da pereza. El señor Granados lanza la noticia para dejar claro su oposición a las concentraciones populares del 15M y, de paso, sugerir que éstas obedecen a las demandas de un grupo reducido de la sociedad civil, que no representan en modo alguno el discurso de la mayoría de españoles. El PP siempre ha defendido la tesis conspiratoria según la cual el 15M obedece a una confabulación izquierdosa, si acaso a un reflejo residual del cabreo popular por las incompetencias del ejecutivo.
Los conservadores, siguiendo al pie de la letra su catecismo liberal, consideran que la sociedad civil representa al conjunto de los ciudadanos; cada cual, a título individual o reunidos en grupos de presión, defienden intereses particulares. Estos intereses no pueden ejemplificar en ningún caso la voluntad general de los españoles, representada exclusivamente en el Estado de Derecho y el orden constitucional. Según ellos, es función del Estado servir de mediador en el conflicto que estos grupos pudieran suponer para el orden social, llegando a acuerdos puntuales mediante negociación o, en casos graves, tomando medidas punitivas contra ellos. Las concentraciones del 15M responden a este segundo caso. Es, a juicio de los conservadores, una manifestación caótica y descontrolada, ante la que solo cabe responder mediante coacción física. El PP no reconoce legítimidad a este tipo de concentraciones, ya que poseen, a su juicio, un carácter ideológico sesgado -la denominada conspiración ultraizquierdosa al servicio del PSOE-, y, aún más grave, atentan contra el orden público.
No es de extrañar que al PP les preocupe más las consecuencias económicas que han ocasionado las acampadas en los comerciantes de la plaza del Sol, que las demandas populares que sostiene el 15M. Tan solo Esperanza Aguirre -ojo avizor a cualquier viento que le sea favorable- se animó hace meses a empatizar con los indignados, proponiendo un cambio en el sistema electoral. Por lo demás, la actitud del PP en relación al movimiento 15M se ha movido entre la indiferencia y la hostilidad.
Los gerifaltes del PP en Madrid no creen que sea suficiente con blindar la plaza e impedir el acceso de los manifestantes y han tirado de las orejas al Ministerio del Interior, exigiéndole acciones más expeditivas, que atajen de raíz el encono popular. No sé muy bien qué medidas están en la mente de estos señores, pero de seguro no están pensando en nada que no sea reforzar la represión policial. Por supuesto, nunca se les ocurrirá proponer nada que pueda empañar su imagen pública; ellos solo se encargan de soliviantar al ejecutivo para que cargue sobre los indignados. Haga lo que haga el ejecutivo -cierre la plaza, dialoge con el 15M o cargue sobre ellos- va a tener su anverso en la persistente actitud por parte de los perros de presa de Rajoy de enturbiar la imagen pública del gobierno. El PP utiliza la estrategia colegial del matón que manda a la jauría a desfacer entuertos, sin mancharse él las manos. El capitán Araña, que embarca a las tropas y se queda en tierra.
Los conservadores, siguiendo al pie de la letra su catecismo liberal, consideran que la sociedad civil representa al conjunto de los ciudadanos; cada cual, a título individual o reunidos en grupos de presión, defienden intereses particulares. Estos intereses no pueden ejemplificar en ningún caso la voluntad general de los españoles, representada exclusivamente en el Estado de Derecho y el orden constitucional. Según ellos, es función del Estado servir de mediador en el conflicto que estos grupos pudieran suponer para el orden social, llegando a acuerdos puntuales mediante negociación o, en casos graves, tomando medidas punitivas contra ellos. Las concentraciones del 15M responden a este segundo caso. Es, a juicio de los conservadores, una manifestación caótica y descontrolada, ante la que solo cabe responder mediante coacción física. El PP no reconoce legítimidad a este tipo de concentraciones, ya que poseen, a su juicio, un carácter ideológico sesgado -la denominada conspiración ultraizquierdosa al servicio del PSOE-, y, aún más grave, atentan contra el orden público.
No es de extrañar que al PP les preocupe más las consecuencias económicas que han ocasionado las acampadas en los comerciantes de la plaza del Sol, que las demandas populares que sostiene el 15M. Tan solo Esperanza Aguirre -ojo avizor a cualquier viento que le sea favorable- se animó hace meses a empatizar con los indignados, proponiendo un cambio en el sistema electoral. Por lo demás, la actitud del PP en relación al movimiento 15M se ha movido entre la indiferencia y la hostilidad.
Los gerifaltes del PP en Madrid no creen que sea suficiente con blindar la plaza e impedir el acceso de los manifestantes y han tirado de las orejas al Ministerio del Interior, exigiéndole acciones más expeditivas, que atajen de raíz el encono popular. No sé muy bien qué medidas están en la mente de estos señores, pero de seguro no están pensando en nada que no sea reforzar la represión policial. Por supuesto, nunca se les ocurrirá proponer nada que pueda empañar su imagen pública; ellos solo se encargan de soliviantar al ejecutivo para que cargue sobre los indignados. Haga lo que haga el ejecutivo -cierre la plaza, dialoge con el 15M o cargue sobre ellos- va a tener su anverso en la persistente actitud por parte de los perros de presa de Rajoy de enturbiar la imagen pública del gobierno. El PP utiliza la estrategia colegial del matón que manda a la jauría a desfacer entuertos, sin mancharse él las manos. El capitán Araña, que embarca a las tropas y se queda en tierra.
Ramón Besonías Román
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