Nuestros abuelos, los primeros homo sapiens que poblaron la Tierra, nunca pudieron imaginar que muchos siglos después el ancho mundo y todo lo que él contiene se convertiría en terrenos sujetos a derechos de propiedad. Ellos disponían de la tierra fértil como quien sale al campo agreste y arranca sin permiso margaritas para lucirlas en el salón de su casa, dando por supuesto que las flores son objetos sin dueño. La tierra es de todos; eso debieron pensar. Afirma Rousseau en su incendiaria obra de juventud Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres: "El primer hombre al que, tras haber cercado un terreno, se le ocurrió decir ‘esto es mío’ y encontró a gentes lo bastante simples como para hacerles caso, fue el verdadero fundador de la Sociedad Civil". Hoy esta declaración, pese a la lúcida reflexión que contiene, se revela en la práctica un ejemplo de ingenuo romanticismo revolucionario. En este siglo cambalache, quien manda es el vil dinero y todo posee valor y propietario. El único ámbito que está exento de esta lógica capitalista es el de las relaciones interpersonales, en donde voluntariamente podemos regalar, donar o compartir, sin las injerencias de un contrato. Por pura generosidad, por los nobles sentimientos de pertenencia, amistad y altruismo que todos poseemos y que la naturaleza crematística de nuestra sociedad parece haber olvidado.
Sin embargo, precisamente para evitar que la Tierra se convierta en propiedad de unos pocos hacendados y que todos los seres humanos, sean pobres o ricos, católicos o ateos, mujeres u hombres, pudieran disponer por derecho natural de lo mínimo para subsistir, todos los países con al menos dos dedos de frente aprobaron una declaración de derechos allá por 1948 en la que dejaban claro como el agua que existen bienes mínimos que no pueden ser objeto de mercadeo: la vida humana, los medicamentos, los alimentos, la vivienda, la religión, la libre circulación por el mundo, la opinión, el sexo, y un puñado más de perogrulladas que hoy todos los países civilizados tenemos muy claro de boquilla, pero que en la práctica desoímos a diario.
Uno de los ejemplos más sangrantes de esta incoherencia es el caso de los desahucios. Todo el mundo sabe que en buena medida la crisis actual en nuestro país estuvo y está causada por el ladrillazo. Muchos políticos, bancos, empresas e incluso ciudadanos de a pie se enriquecieron a causa de la especulación inmobiliaria, en muchos casos de manera fraudulenta, haciendo uso de su posición de poder para lucrarse. Esta burbuja inmoral, además de ilegal, explosiona con virulencia y son, paradójicamente, aquellos ciudadanos que no contribuyeron a crear esa crisis quienes hoy se ven gravemente afectados por sus efectos perversos. El gobierno y los bancos prometieron en tiempos de vacas gordas cómodas condiciones para el pago hipotecario; no era inusual que se incentivara el consumo, facilitando a los clientes el fácil acceso a préstamos y ayudas. Llega la crisis y la responsabilidad al parecer es de la ciudadanía, que quiere vivir muy bien y no sabe ahorrar. Los bancos cierran sus brazos, imponiendo al ciudadano condiciones imposibles para el acceso a una vivienda o a un préstamo. Y no solo eso, numerosas familias, antes protegidas por una economía básica de subsistencia, ven hoy cómo les es imposible hacerse cargo de su hipoteca y la justicia les obliga al desahucio. El gobierno, por su parte, no sabe cómo proteger a estos ciudadanos para que no se queden en la calle.
Desde el movimiento 15M se propuso, como Iniciativa Legislativa Popular, el recurso a la dación en pago -quedar saldada la cuenta con el banco, entregando en saldo la vivienda-, pero el ejecutivo, aunque parece sensible a esta propuesta, no la ha aprobado en el Congreso, ya que la ministra Salgado considera que de llevarse a cabo los bancos tendrían ostensibles pérdidas, dado que en su día -se excusan las entidades bancarias- tasaron las viviendas muy por encima de su valor real. Aún así, ya existe una sentencia en la Audiencia de Navarra que aceptaba esta medida como solución a un impago de propiedad. La dación en pago tiene en realidad una base jurídica; el artículo 7 del Código Penal prevé el ejercicio de un derecho como este en el caso de que se demuestre que ha existido un abuso manifiesto. Y ustedes estarán conmigo en afirmar que sí ha tenido lugar un abuso flagrante: el de un sistema financiero voraz y despiadado que aún sigue sin reconocer su responsabilidad en la crisis; el de los ayuntamientos, especulando con el precio del suelo, en vez de abaratarlo en beneficio de la colectividad; el de los bancos, que muerden sin pudor la mano que les da de comer, siempre y cuando con ello esté asegurado el máximo rendimiento con el mínimo riesgo.
No estamos ante un problema que tenga tan solo implicaciones legales. Los actuales desahucios suponen una vulneración de derechos fundamentales reflejados en nuestra Constitución y atentan claramente contra el sentido común. No buscar alternativas al desalojo de viviendas, que evite un deterioro aún mayor de la unidad familiar, ya de por sí afectada gravemente por la crisis coyuntural, es, además de inmoral, una rotunda falta de responsabilidad política. No es de extrañar que el impedimento de desahucios se haya convertido en numerosas localidades españolas (Leganés, Gijón, Gran Canaria, Tetuán, Parla, Palma,...) en uno de los tenaces objetivos de la ciudadanía del 15M y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pese al tajante llamamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que se cumplan con diligencia los desahucios. Dicen los jueces que ellos son sensibles a este problema, pero que la ley es la ley y hay que aplicarla, caiga quien caiga. Cambiemos pues la ley, deroguemos la infamia, restituyamos la justicia.
Sin embargo, precisamente para evitar que la Tierra se convierta en propiedad de unos pocos hacendados y que todos los seres humanos, sean pobres o ricos, católicos o ateos, mujeres u hombres, pudieran disponer por derecho natural de lo mínimo para subsistir, todos los países con al menos dos dedos de frente aprobaron una declaración de derechos allá por 1948 en la que dejaban claro como el agua que existen bienes mínimos que no pueden ser objeto de mercadeo: la vida humana, los medicamentos, los alimentos, la vivienda, la religión, la libre circulación por el mundo, la opinión, el sexo, y un puñado más de perogrulladas que hoy todos los países civilizados tenemos muy claro de boquilla, pero que en la práctica desoímos a diario.
Uno de los ejemplos más sangrantes de esta incoherencia es el caso de los desahucios. Todo el mundo sabe que en buena medida la crisis actual en nuestro país estuvo y está causada por el ladrillazo. Muchos políticos, bancos, empresas e incluso ciudadanos de a pie se enriquecieron a causa de la especulación inmobiliaria, en muchos casos de manera fraudulenta, haciendo uso de su posición de poder para lucrarse. Esta burbuja inmoral, además de ilegal, explosiona con virulencia y son, paradójicamente, aquellos ciudadanos que no contribuyeron a crear esa crisis quienes hoy se ven gravemente afectados por sus efectos perversos. El gobierno y los bancos prometieron en tiempos de vacas gordas cómodas condiciones para el pago hipotecario; no era inusual que se incentivara el consumo, facilitando a los clientes el fácil acceso a préstamos y ayudas. Llega la crisis y la responsabilidad al parecer es de la ciudadanía, que quiere vivir muy bien y no sabe ahorrar. Los bancos cierran sus brazos, imponiendo al ciudadano condiciones imposibles para el acceso a una vivienda o a un préstamo. Y no solo eso, numerosas familias, antes protegidas por una economía básica de subsistencia, ven hoy cómo les es imposible hacerse cargo de su hipoteca y la justicia les obliga al desahucio. El gobierno, por su parte, no sabe cómo proteger a estos ciudadanos para que no se queden en la calle.
Desde el movimiento 15M se propuso, como Iniciativa Legislativa Popular, el recurso a la dación en pago -quedar saldada la cuenta con el banco, entregando en saldo la vivienda-, pero el ejecutivo, aunque parece sensible a esta propuesta, no la ha aprobado en el Congreso, ya que la ministra Salgado considera que de llevarse a cabo los bancos tendrían ostensibles pérdidas, dado que en su día -se excusan las entidades bancarias- tasaron las viviendas muy por encima de su valor real. Aún así, ya existe una sentencia en la Audiencia de Navarra que aceptaba esta medida como solución a un impago de propiedad. La dación en pago tiene en realidad una base jurídica; el artículo 7 del Código Penal prevé el ejercicio de un derecho como este en el caso de que se demuestre que ha existido un abuso manifiesto. Y ustedes estarán conmigo en afirmar que sí ha tenido lugar un abuso flagrante: el de un sistema financiero voraz y despiadado que aún sigue sin reconocer su responsabilidad en la crisis; el de los ayuntamientos, especulando con el precio del suelo, en vez de abaratarlo en beneficio de la colectividad; el de los bancos, que muerden sin pudor la mano que les da de comer, siempre y cuando con ello esté asegurado el máximo rendimiento con el mínimo riesgo.
No estamos ante un problema que tenga tan solo implicaciones legales. Los actuales desahucios suponen una vulneración de derechos fundamentales reflejados en nuestra Constitución y atentan claramente contra el sentido común. No buscar alternativas al desalojo de viviendas, que evite un deterioro aún mayor de la unidad familiar, ya de por sí afectada gravemente por la crisis coyuntural, es, además de inmoral, una rotunda falta de responsabilidad política. No es de extrañar que el impedimento de desahucios se haya convertido en numerosas localidades españolas (Leganés, Gijón, Gran Canaria, Tetuán, Parla, Palma,...) en uno de los tenaces objetivos de la ciudadanía del 15M y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pese al tajante llamamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que se cumplan con diligencia los desahucios. Dicen los jueces que ellos son sensibles a este problema, pero que la ley es la ley y hay que aplicarla, caiga quien caiga. Cambiemos pues la ley, deroguemos la infamia, restituyamos la justicia.
Ramón Besonías Román
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