Con la misma convicción con la que defiendo que cualquier acto del que yo sea protagonista depende tan solo de mí, y a nadie puedo atribuir mis desgracias, como tampoco los logros conseguidos, con ese mismo ahínco defiendo los derechos de cualquier otro ser humano a ser libre, a ser escuchado y a que el Estado compense con justicia social a todo aquel que no parte de las mismas oportunidades que el resto de ciudadanos. Creo en la libertad individual con la misma fuerza con la que me desgañito por defender la necesidad de una redistribución más justa de los bienes.
En lo privado, soy dueño de mí mismo; intento no hacer responsables a otros de mi propio devenir y estoy convencido de que con trabajo, creatividad y paciencia, nuestro tesón tendrá su merecida compensación; y si no la tuviera, solo de mí depende levantarme y volver a empezar. Ahora bien, en lo público, en aquello que no me concierne solo a mí mismo, en aquellos intereses que nos afectan a todos, soy un firme creyente en que la suerte de unos pocos no debiera ser impedimento para compensar las miserias de aquellos que tienen menos. Como Platón, entiendo la sociedad como un organismo vivo, compuesto por numerosos órganos, cada cual independiente, pero a su vez ligados necesariamente al resto. En caso de conflicto, el bien común debe prevalecer a los intereses privados. Entiendo que debo vivir como si todo dependiera de mí, pero en relación a mis congéneres debo ser sensible a las injusticias.
No son pocos los socialistas que encuentran una cierta contradicción entre estos dos principios éticos. De hecho, uno de los causantes de la esclerosis ideológica de la izquierda española obedece al desinterés por propiciar entre la ciudadanía una cultura del esfuerzo personal, sumada a un respeto por lo público como patrimonio colectivo. La actual crisis económica ha puesto de manifiesto -no solo porque la derecha conservadora se haya encargado de reprochárnoslo, sino porque es de por sí una flagrante obviedad- la incapacidad del proyecto socialista de responder a los nuevos retos que nos obliga a afrontar la Europa del siglo XXI.
Una ética cívica socialista debiera haber reforzado la importancia de los bienes públicos como un espacio en donde la responsabilidad, el gasto racional y el equilibrio de compensaciones sociales son claves esenciales del sostenimiento del Estado del Bienestar. Por el contrario, durante décadas se ha reforzado la idea de que el Estado es una madre de pechos generosos y leche inagotable, de la que todos podemos mamar sin medida; incluso de la que algunos pueden aprovecharse, robando con impunidad lo que es de todas y todos. Debiéramos haber defendido mucho antes la idea de un Estado social en el que los ciudadanos respetaran los bienes públicos como recursos perecederos que deben ser redistribuidos con responsabilidad y sentido común. La defensa de lo público es la clave de todo proyecto socialista. Sin embargo, hemos dejado que sea la derecha conservadora quien venga a recordarnos la necesidad de una gestión más equilibrada; hemos dejado que sea ella quien nos recuerde que se ha gastado mal y a veces donde no era necesario. Hemos dejado que un proyecto neoliberal minimice la presencia del Estado en la vida pública, reduciendo los derechos básicos y dejándolos al libre albedrío del sistema de mercado.
No podemos permitirnos cometer el mismo error dos veces. El Estado del Bienestar debe ser sostenible desde un punto de vista social, medioambiental y económico, y estar arbitrado por un sistema de control y evaluación eficaz. Se debe gastar más en los que menos tienen, lo justo en lo que es de todos y reajustar los proyectos públicos que no sean eficaces. Cuando hablo de eficacia no me estoy refiriendo al mero frío cálculo de gastos y beneficios, sino a un concepto de "eficacia social", definida como la calidad que debiera poseer todo proyecto público a fin de llegar a aquellos a los que va destinado, sin que manos ajenas se aprovechen de él.
Por otro lado, el socialismo del siglo XXI debiera romper con el escrúpulo atávico que divide lo público de lo privado. Con el mismo ahínco que defendemos la justicia social, debemos propiciar la innovación empresarial y tecnológica, así como la creatividad de los emprendedores. La asignatura pendiente del socialismo es impulsar políticas económicas que de una vez por todas alivien al pequeño empresario (autónomo), animándole a crecer sus negocios; reforzar la contribución fiscal de las rentas más altas e intervenir en los sistemas financieros, impidiendo el libre mercadeo de capitales sin beneficio social. Lo privado no es enemigo de lo público si el Estado retoma su papel intervencionista desde principios resistentes y responsables de justicia social.
Establecer sistemas de compensación social para aquellos ciudadanos que parten de circunstancias menos venturosas no es incompatible con propiciar en el resto de la ciudadanía una cultura educativa y laboral que fomente la creatividad, la innovación, el disfrute por el trabajo bien hecho, la superación personal, en definitiva, la contribución privada al bien colectivo.
Ramón Besonías Román
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