Hechos son amores

Quizá antes de la crisis económica y del fenómeno de decadencia institucional que sufrimos pudiéramos decir sin equivocarnos que el contrato social entre gobernantes y gobernados se basaba en la capacidad de aquellos de lograr la suficiente confianza de estos otros. La masa de fieles adeptos a una ideología de piñón fijo lleva años decreciendo, pese a que aún es multitud. Los hay que militan, esperando de su partido una esperanza o un sillón; las motivaciones van según quien estornude y es difícil distinguir a uno de los otros. En cualquier caso, esta feligresía actúa sin cambiar de marcha durante todo el trayecto, abandonando en cajón sellado su capacidad crítica; todo ello a causa de lo que llaman lealtad o cultura de partido. De entre ellos levanta el dedo algún que otro ciudadano, desviando el discurso teledirigido hacia otros argumentos, pero pronto es ahogado por la eficaz maquinaria del partido, promovida con fidelidad por los medios de comunicación, cronistas diarios del teatro político. Quien decide militar acaba sabiendo más tarde o más temprano cuál es su función dentro del partido: asentir y promover catecismos a fin de otorgar al partido un escenario óptimo de futurible gobernabilidad. Poco o nada tiene que ver la política con la verdad, la evidencia o la certeza. Sin embargo, desde hace un tiempo la ciudadanía comienza a cambiar los criterios a través de los cuales evalúa la acción política. Ni siquiera al militante o simpatizante le basta con asentir piadosamente a los mandamientos del partido. El ciudadano no cree a ciegas, desea pruebas que certifiquen estar ante algo más que meras palabras. No basta la fuerza perlocutiva de los mensajes políticos en los medios. La ciudadanía empieza a estar inmunizada contra el cacareo habitual. No solo esto; sabe que el modelo de comunicación tradicional de los gobernantes se ha basado hasta ahora en meras apariencias, en un discurso hueco, carente de referentes verificables en su realidad más próxima. De ahí que cuando escuchan a un político hablar en los medios, evitan escuchar, saben que cada cual vende una moto gripada a priori por su voluntad actoral. 

Pero no lancemos campanas al viento. Son muchos aún los que tan solo escucharán lo que desean oír, al viento de su propio credo político. Pululan las sedes de partido, las redes sociales y sus círculos sectarios. Despotrican contra el oponente político sin escuchar sus argumentos, por el solo hecho de pertenecer a bando ajeno. Cuando uno les pide razones, lo único que obtienes son versículos marcados de su biblia integrista. El otro es el enemigo, el que se equivoca, el que quiere acabar con España, el inmoral y corrupto. Su concepto de sentido común no es libre, está contaminado por atávicos prejuicios políticos a los que contribuye un proceso ritualista de mitologización de su ideología, similar al que alimenta el fervor religioso. Es habitual en su liturgia la defensa de la grandeza del partido, recordando sus hazañas históricas y sus logros institucionales. Pero lo que más sorprende es su flagrante maniqueísmo, la demonización del adversario, observado no como un demócrata legítimo, con ideas diferentes, sino como una amenaza contra su visión de España o del progreso colectivo. Esta concepción dualista del devenir político, aciaga secuela de tiempos preconstitucionales, perdura aún en el imaginario colectivo, especialmente en el interior de los partidos, cuyos dirigentes excitan a su feligresía con carne fresca a la que hincar diente. Más aún en tiempos de crisis, este recurso al miedo e incitación al odio se convierte en una eficaz herramienta con la que los partidos esperan aumentar la confianza de su potencial electorado.

Pese a la insistencia de los partidos por mantener este modelo de fidelización, los nuevos tiempos revelan un viraje sustancial en la percepción que tiene la ciudadanía de la vida política y una demanda creciente de transparencia, de eficacia evaluable (no solo cada 4 años) y de sólida contrastabilidad con la realidad social. Esto no quiere decir que la ciudadanía desee ser gobernada por meros gestores, hombres de negro que actúan en función de un criterio de rentabilidad económica, de mera razón instrumental. La nueva ciudadanía demanda en primer lugar una democracia real, que sepa protegerse contra la decadencia institucional a través de leyes vinculantes y que establezca resortes de participación más allá del modelo representativo. Leyes así requieren una transformación radical del modelo de partido tradicional, anclado sobre una estructura de lealtades ajenas a la creación de proyectos políticos fieles a la voluntad popular. 

Esta nueva exigencia ciudadana debiera invalidar el merchandising mediático. La ciudadanía ya no quiere promesas, sino hechos; no desea teatralidad, sino argumentos consistentes. Cualquier intento de engatusar debiera ser interpretado como un ataque directo contra la inteligencia del respetable. La política tan solo debe certificar hechos, en ningún caso imponderables o requiebros. Por su parte, el modelo de comunicación política que caracteriza a los medios tradicionales debiera cambiar. De ser meros transcriptores de la realidad política -incluso adléteres borregos de tal o cual catecismo-, debieran ejercer su papel sustancial de servidores de la ciudadanía y no de intereses particulares. Rara vez se puede leer u oír en los medios la voz popular, y sí la letanía impenitente del devenir político, radiado como un destino insoslayable.

¿Invalida esta exigencia la continuidad de las ideologías? Al contrario, enriquece la pluralidad, pero protegiéndola contra los virus internos que la engangrenan. Una democracia fuerte, protegida contra la opacidad de los partidos, nunca puede ser una mala democracia, nunca puede derivar en clientelismos, oligarquías políticas o corruptelas. Sin embargo, no son pocos los políticos que ven en esta demanda una amenaza contra el modelo bipolar de partidos, contra la continuidad del gran relato de la España bicolor, maniquea y populista. Es lógica su reacción; sienten miedo de que se rompa el gran acuerdo que sostiene su alternancia en el poder. Por esta razón, no debemos claudicar, menos aún cuando la crisis aminore. 

Si para algo bueno está sirviendo esta crisis, es para expulsar el polvo bajo la alfombra y detonar la lucidez ciudadana, subrayar un sano escepticismo que exija lo obvio. La percepción ciudadana del universo político está mutando, y esperemos que para bien, para entrar en un periodo de madurez democrática, resistente contra las sirenas del populismo. En próximos comicios no debiéramos votar sin antes hacer un ejercicio de reflexión; es preferible no votar a hacerlo sin tener claro que lo hacemos como ciudadanos libres y racionales, que han entrado por derecho propio en una era de mayoría de edad democrática, desafectados ya por los grandes relatos que han alimentado hasta ahora el teatro político. Si la política no quiere cambiar, la ciudadanía debe ejercer su derecho a denegarles su acceso al poder. No podemos seguir sosteniendo nuestra confianza en determinados partidos en una mera esperanza, en un gesto improbable. Hechos son amores.