Me siento obligado a hablar claro, pese a que sea molesto para aquellos que sienten cualquier cuestionamiento de sus intereses como una afrenta imperdonable. En épocas de crisis -más aún que en tiempos de bonanza-, los valores que defiende la izquierda debieran estar centrados en la defensa del bien común, pese a que con ello ponga en peligro nuestro estatus personal. Sin embargo, la crisis económica ha puesto de manifiesto una gran variedad de argumentos de escasa fortaleza moral, maquillándolos de solidaridad impostada, cuando no de una ideología ungida en naftalina.
Me voy a centrar en los efectos que los recortes impuestos por el Ejecutivo en materia educativa han generado en el colectivo de docentes, especialmente entre aquellos que dicen defender con orgullo reverencial los valores socialistas, revelando sin embargo bajo su discurso un autismo acrítico, alimentado por el folletín mediático de cada día, sin hacer uso de la sana y taimada reflexión que estos asuntos requieren ni tener en cuenta la realidad laboral que protagonizan.
Hace unos días, el director de mi centro de trabajo -un instituto de Secundaria- informó con detalle de las medidas que la Consejería de Educación de Extremadura piensa llevar a cabo durante el próximo curso 2012-2013. Todas estas medidas están planificadas -es un secreto a voces- con la única intención de inflar las exiguas arcas de nuestra Comunidad Autónoma; en ningún caso suponen a priori una estrategia de mejora de la calidad de enseñanza. Las medidas se pueden resumir así:
- Aumento de la jornada lectiva del profesorado de 18 a 20 o 21 horas semanales.
- Aumento de la ratio en Secundaria de hasta 33 alumnos.
- Posibilidad de ofertar una sola modalidad de Bachillerato.
- Congelación de complementos retributivos (no se sabe bien si esto afectará a los complementos ya existentes o solo impedirá el disfrute de los futuros).
Estas medidas han alarmado a la comunidad educativa, ya que se tendrán que reajustar las plantillas de profesores, así como los horarios y los espacios de enseñanza; algunos tendrán que trasladarse a otro centro o absorber horas de otras áreas hasta completar las 20 horas. Los realmente afectados por estas medidas son los interinos, que a lo sumo serán requeridos para media jornada. Los que tenemos plaza fija deberemos adaptarnos a un entorno laboral que ya venía siendo habitual dentro de la empresa privada: se reducirá la plantilla, se trabajará más y se cobrará lo mismo (o menos).
Aún no está claro en qué medida estos recortes afectarán a la calidad de la enseñanza. Solo es evidente que inciden de manera contundente en las condiciones laborales del profesorado, que vemos reducido nuestro poder adquisitivo y deberemos adaptarnos a un nuevo ecosistema en el que trabajaremos más horas en condiciones más engorrosas. Nadie puede aventurar los efectos que estas medidas pueden tener sobre la enseñanza. Las iremos descubriendo y encajando sobre la marcha, calibrando nuestra indignación al ritmo de la realidad y no como reclamo electoral.
El aumento de horas era inevitable. Por experiencia personal, puedo afirmar que un profesor medio, no especialmente implicado con su profesión -es decir, que no dedique mucho tiempo a preparar clases- trabaja muchas menos horas que cualquier otro empleado en una empresa privada, y muchas menos aún que la mayor parte de trabajadores autónomos de este país. Más aún, los profesores de colegios concertados o privados tienen una jornada laboral mucho más inflada que aquellos que gozábamos hasta ahora de las mieles del funcionariado. Por lo tanto, el aumento de horas no debiera ser el eje esencial de nuestra indignación corporativa. Aún así, algunos, apoyados en una sana solidaridad, pudieran utilizar el argumento de que más horas supone necesariamente menos profesores, es decir, decenas de interinos en paro. Esta argumentación nos lleva a la pregunta imponderable acerca de cómo, en tiempos de crisis, se puede contratar a igual o más trabajadores, manteniendo estable el sueldo de todos. Quien tiene una empresa, sabe a ciencia cierta que eso es imposible, a no ser que exista un compromiso tácito de cobrar menos para que otros puedan trabajar. Si alguien tiene una idea mejor, por favor, que la aporte.
¿Afectará este aumento de horas a la calidad de la enseñanza? Dependerá, como siempre, del profesorado, de su voluntad firme de adaptarse y ofrecer con pocos medios igual asistencia educativa. Antes de la crisis, el horario semanal de un profesor de secundaria incluía 2 o 3 horas diarias dedicadas a actividades complementarias que nunca se cubrían. Las horas no lectivas supuestamente destinadas a preparar clases, corregir o reuniones de equipo eran suficientes como para que nos sobrasen horas semanales para dedicarlas a aprender a tocar el ukelele. Al no existir obligación de permanecer en el centro de 8,30 a 14,30, los profesores organizamos este horaria flexible para gestionarlo a libre albedrío. Y créanlo, ningún profesor de la enseñanza pública -salvo que tenga a bien entregarse con generosidad a su profesión- trabaja 40 horas semanales. Pocos somos los que demandamos desde hace tiempo un horario lectivo continuado en Secundaria como una medida que posibilitaría la creación de proyectos educativos sólidos y reduciría las diferencias en las cargas lectivas y en los horarios individualizados.
Los centros de enseñanza deberán readaptar horarios, recursos y proyectos educativos a las nuevas contingencias, y lo deben hacer pensando siempre en mejorar la calidad de la enseñanza, no en cubrirse las espaldas y mantener privilegios adquiridos.
El aumento de la ratio es un asunto más peliagudo. El Ejecutivo no se conformó con aumentar las horas. Sus asesores económicos han descubierto que aplicando tan solo esta medida no se ahorra suficiente dinero; es necesario aplicar la ley hasta los máximos de ratio aconsejables. De esta forma se cubren pupitres vacíos, se maximizan los recursos humanos y materiales. Esta lógica es similar a la que opera en cualquier empresa privada. Muchos esgrimen que un colegio no es una empresa, y tienen razón a medias. La diferencia entre una empresa y un centro de enseñanza reside en los ítems de calidad. En la enseñanza, la calidad se mide de manera cualitativa, pero también debe medirse, deben optimizarse los recursos disponibles a fin de ofertar la mejor educación posible. Los métodos de control de calidad ha sido durante décadas prácticamente inútiles en los centros de Secundaria, orquestados más para lucimiento político que para mejorar eficazmente nuestra labor docente. La intención del Ejecutivo de limpiar el sistema educativo de atávicas inercias llega tarde y en circunstancias sospechosas, y si no se equilibra con sensatez puede producir más males de aquellos que intenta evitar. Es evidente que el Primer Ciclo de ESO no puede contener a 30 alumnos sin un proyecto educativo previo de apoyos que asegure el máximo rendimiento académico al mayor número de alumnos, y proteja especialmente a aquellos que parten de menores competencias. El aumento de la ratio va a requerir de los equipos directivos un ejercicio de equilibrismo extra para hacer más con menos y peor.
No voy a secundar la huelga del día 22. Y no lo haré por varias razones. Primeramente, porque no creo en la eficacia de las huelgas -sobre todo en aquellas que organiza la clase media ilustrada, los pequeño-burgueses, biznietos del viejo proletariado-, más allá de la mera satisfacción moral que puede otorgar a quien la practica. Segundo, creo que los trabajadores públicos, pagados por los ciudadanos, debemos adaptarnos antes que cualquier otro, a la actuales circunstancias, trabajando más por menos si es necesario, a no ser que el salario disminuya hasta tal punto de no poder mantener a nuestras familias, situación que, por lo menos en mi caso, aún no ha tenido lugar. Tercero, creo que las medidas adoptadas por el Ejecutivo, pese a ser abrasivas, pueden aún hacer sostenible el sistema educativo. Crucemos los dedos.
Creo en la calidad de enseñanza pública, como el que más, pero estoy convencido de que ésta no mejora oxigenándola con dinero o más profesores. Estoy convencido de que el problema siempre ha estado en su modelo estructural y de formación interna. La crisis no ha cambiado esto.
Ramón Besonías Román
Alucino contigo, para empezar a ver si dejas de usar la palabra autismo en tus artículos, que hay otros términos igual de válidos y menos ofensivos para el colectivo. Debes tener algún problema porque no te encuentras a gusto con nada, llevo un tiempo leyendote y lo tuyo es de traca. Me alegro de que no vayas a la huelga, no queremos eruditos infiltrados, Mesías portadores de la única verdad que se creen algo por ir en contra de todo. Eres cansino.
ResponderEliminarAunque me resulta ciertamente extraño contestar a un anónimo, alguien que interpela sin dar la cara y encima lo hace con tanta agresividad y sin aportar ningún argumento, salvo falacias contra mi persona, hoy estoy contento y me animo a responder.
ResponderEliminarNuevamente te pido disculpas si te he ofendido al hacer uso del término "autista". Como te supongo una persona cabal, sabrás que las palabras se pueden utilizar con numerosas acepciones o significados. En mi caso, queda claro el uso que le he querido dar y a quién va dirigido.
Agradezco que lleves tiempo leyéndome, cuando por lo que veo no haya sido una experiencia muy agradable. Aún así, insistes en leerme, e incluso en contestarme. Me halaga, señor anónimo.
Respecto al tema de la huelga, es lícito que cada cual vea el asunto desde su propia perspectiva. Como habrás comprobado al entrar en mi blog, se trata de un espacio de opinión, nunca un ensayo objetivo sobre la realidad. Mi pretensión es reflexionar y compartir con otros sus reflexiones. Nada más. El hecho de que no coincidamos en nuestras opiniones debería ser una oportunidad para debatir y ampliar nuestras percepciones de este asunto. Siento no poder saber qué opinas realmente.