¿Deben los ricos pagar más para echar un cable a las exiguas arcas públicas? La respuesta es sí, y la pregunta es: ¿cómo no se hizo antes?, ¿por qué esperar a tener el comodín de la crisis para abordar una cuestión de justicia social? Valentía política, he ahí la cuestión. Suecia, una de las economías socialdemócratas más prósperas de Europa, ya lo hizo hace décadas; a día de hoy grava un 57,7% a las rentas más altas. El 1% de los más ricos en España paga sólo el 20% de lo que pagan en Suecia. Francia y Alemania están en ello. ¿A qué esperamos? Empresarios galos como L'Oreal, Danone, etcétera, han firmado una propuesta de contribución excepcional para inflar su economía nacional. Sarkozy ya ha aprobado gravar en un 3% adicional los impuestos de las economías de más de 500.000 euros anuales. En Alemania, los multimillonarios piden pagar más impuestos. De los ricos españoles no se oye nada, permanecen callados, a la espera de que el ejecutivo mueva cartas. Si a esto añadimos que en España la carga fiscal a las rentas más altas ha bajado desde 1999, la cuestión clama al cielo. A día de hoy, la carga fiscal a estos individuos está en un 35%, frente al 45% de hace 13 años. El tipo efectivo en el IRPF para rentas medias bajó solo un 2,3%, frente al 27,6% para las rentas de los más ricos. No tiene sentido que intentemos retocar la Constitución, poniendo techo al déficit, y no seamos tan audaces a la hora de gravar a los que más tienen.
Según Merrill Lynch y Capgemini, es rico quien posee más de un millón de dólares (unos 720.00 euros), exceptuando la primera vivienda y los consumibles. Todos estos ricos del mundo suman unos 23,5 billones de euros, lo que equivalente a 20 veces el PIB de España. Pero la crisis también ha afectado a estos Rockefeller; el número de ricos españoles ha bajado en un 19,5% respecto al año pasado. Los ricos también lloran, pero sus lágrimas son de cocodrilo (cien por cien natural). Afirman los expertos que en un par de años quienes serán más acaudalados serán los multimillonarios asiáticos, dejando a los estadounidenses y europeos en un nada desdeñable segundo puesto. En fin, dejemos los números, que me marea. Al que escribe ya le apabulla tener en las manos un billete de 500, como para seguir hablando de sumas de más ceros.
Lo cierto es que no podría ser más popular la decisión del ejecutivo de tocar el Impuesto sobre el Patrimonio o el IRPF, así como meter mano de una vez por todas a la economía sumergida. Aumentar la presión fiscal no es solo una medida de una eficacia práctica innegable, sino una responsabilidad moral inapelable. España se define a sí misma en la Constitución como un Estado Social, lo cual implica que defendemos como principio fundamental de nuestra identidad la defensa de la justicia social y, con ello, la lucha por conseguir una distribución igualitaria de la riqueza. Este reto se convierte en una tarea titánica en el contexto de una economía globalizada y dependiente en gran medida de la inestabilidad del sistema financiero, así como la adhesión a determinados compromisos vinculantes con la Unión monetaria de corte conservador. En los próximos años, será misión del ejecutivo mantener un delicado equilibrio entre estas presiones externas y su compromiso con la sostenibilidad del Estado Social. Para que esto tenga lugar, deben darse gestos reales por parte del Gobierno en materia fiscal, que reequilibren la balanza de sacrificios en favor de la colectividad.
Esperemos que el equipo económico de Zapatero (Salgado a la cabeza), el cual ha mostrado durante el último ejercicio una querencia sustancial por políticas económicas bien poco progresistas, decline su rumbo y pida cuentas a las economías pudientes y tire de las orejas a la banca y la patronal españolas. Estas medidas también son ejercicios de responsabilidad política y de coherencia ideológica. Doblegarnos a las imposiciones del sistema financiero, pero rechazar por otro lado la carga fiscal a las rentas elevadas es un claro signo de que la política económica del ejecutivo ha dado un viraje hacia posturas conservadoras made in Brair. La debacle de las últimas elecciones autonómicas ya revelaba el descontento de buena parte del electorado progresista; la dirección que está tomando la política económica de Zapatero no hace sino acrecentar esta sensación de traición y perplejidad. No es tarde, si la dicha es buena.
Según Merrill Lynch y Capgemini, es rico quien posee más de un millón de dólares (unos 720.00 euros), exceptuando la primera vivienda y los consumibles. Todos estos ricos del mundo suman unos 23,5 billones de euros, lo que equivalente a 20 veces el PIB de España. Pero la crisis también ha afectado a estos Rockefeller; el número de ricos españoles ha bajado en un 19,5% respecto al año pasado. Los ricos también lloran, pero sus lágrimas son de cocodrilo (cien por cien natural). Afirman los expertos que en un par de años quienes serán más acaudalados serán los multimillonarios asiáticos, dejando a los estadounidenses y europeos en un nada desdeñable segundo puesto. En fin, dejemos los números, que me marea. Al que escribe ya le apabulla tener en las manos un billete de 500, como para seguir hablando de sumas de más ceros.
Lo cierto es que no podría ser más popular la decisión del ejecutivo de tocar el Impuesto sobre el Patrimonio o el IRPF, así como meter mano de una vez por todas a la economía sumergida. Aumentar la presión fiscal no es solo una medida de una eficacia práctica innegable, sino una responsabilidad moral inapelable. España se define a sí misma en la Constitución como un Estado Social, lo cual implica que defendemos como principio fundamental de nuestra identidad la defensa de la justicia social y, con ello, la lucha por conseguir una distribución igualitaria de la riqueza. Este reto se convierte en una tarea titánica en el contexto de una economía globalizada y dependiente en gran medida de la inestabilidad del sistema financiero, así como la adhesión a determinados compromisos vinculantes con la Unión monetaria de corte conservador. En los próximos años, será misión del ejecutivo mantener un delicado equilibrio entre estas presiones externas y su compromiso con la sostenibilidad del Estado Social. Para que esto tenga lugar, deben darse gestos reales por parte del Gobierno en materia fiscal, que reequilibren la balanza de sacrificios en favor de la colectividad.
Esperemos que el equipo económico de Zapatero (Salgado a la cabeza), el cual ha mostrado durante el último ejercicio una querencia sustancial por políticas económicas bien poco progresistas, decline su rumbo y pida cuentas a las economías pudientes y tire de las orejas a la banca y la patronal españolas. Estas medidas también son ejercicios de responsabilidad política y de coherencia ideológica. Doblegarnos a las imposiciones del sistema financiero, pero rechazar por otro lado la carga fiscal a las rentas elevadas es un claro signo de que la política económica del ejecutivo ha dado un viraje hacia posturas conservadoras made in Brair. La debacle de las últimas elecciones autonómicas ya revelaba el descontento de buena parte del electorado progresista; la dirección que está tomando la política económica de Zapatero no hace sino acrecentar esta sensación de traición y perplejidad. No es tarde, si la dicha es buena.
Ramón Besonías Román
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