La reciente condena de Otegi por parte de la Audiencia Nacional ha desatado numerosas declaraciones públicas de políticos que cuestionan la conveniencia de la decisión de los magistrados dentro de lo que denominan un contexto de paulatino acercamiento a la pacificación de Euskadi. Joseba Egibar, portavoz del PNV en el Parlamento vasco, denomina la decisión de «despropósito» y «escándalo», defendiendo que las circunstancias debieran mover la voluntad de la Justicia hacia una mayor permisividad en casos abiertos contra dirigentes políticos afines al universo abertzale. Martin Garitano, diputado general por Gipúzkoa y representante de Bildu, ha expresado su «decepción, estupor e incluso indignación» al enterarse de condena a Otegi, e recrimina al Estado español no querer caminar por la vía de la paz. Por su parte, Pello Urizar, secretario general de EA, partido afín a Bildu, lo ve una solemne «aberración». Oskar Matute, portavoz de Alternatiba, ha llamado a la movilización. Incluso Patxi López ha analizado la condena dentro del contexto de pacificación, afirmando que quizá parte de la sociedad vasca no entienda bien la sentencia y esto conduzca a un retroceso en el proceso de adiós a las armas.
Como pueden intuir ustedes, ETA sigue teniendo la sartén por el mango, pese a no haber manifestado aún su intención real de abandono de las armas. El ciudadano entiende muy bien, sin necesidad de que se lo expliquen, que a no ser que ETA desaparezca, ninguna institución política o tribunal de justicia puede vender su honestidad y deber a cambio de promesas. Otegi paga por una causa del pasado. Cualquier ciudadano que enaltezca el terrorismo o apoye directa o indirectamente a la banda armada debe ser puesto a disposición judicial y caer sobre él el peso de la ley; y esto debe cumplirse hoy, mañana e incluso si ETA desapareciera. Ningún proceso de paz puede saltarse a la torera las leyes vigentes. El Estado de Derecho debe ser fuerte, diligente e incisivo ante aquellos que quieren vender paz a cambio de concesiones. ETA y sus cachorros políticos deben saber que el Estado español no va concederles tregua ni agua. El único camino posible es el abandono de las armas y la puesta a disposición judicial de todos los terroristas que tengan cuentas con la justicia por delitos de sangre. Aquellos otros que quieran incorporarse a la vida política podrán hacerlo, respetando las reglas del juego democrático; de lo contrario, también deberán someterse a las leyes con gravedad e isonomía, como cualquier hijo de vecino.
Si mañana hubiera paz en Euskadi, ésta debiera lograrse porque las fuerzas de seguridad, las instituciones políticas, la Justicia y la sociedad civil se han unido en contra de estos asesinos (me niego a concederles el eufemismo de terroristas o violentos) y aquellos que bajo el amparo político intentan sacar tajada de este proceso, presionando al Estado para que ablande su postura. La tolerancia cero es una condición sine qua non para conseguir una paz duradera. Aquellos ciudadanos a los que se refiere Patxi López, que cree que no entenderán la decisión de la Audiencia Nacional, no son otros que aquellos que mantienen una actitud tibia y complaciente con la causa terrorista. El resto de ciudadanos lo hemos entendido demasiado bien. Son ellos quienes deben dar pasos; la sociedad española debe permanecer firme y decidida, fuerte ante la sinrazón y el chantaje. La impaciencia por conseguir un órdago en Euskadi puede ser a largo plazo más lesivo que esperar pacientemente a que el ahogamiento de la banda armada produzca su muerte súbita.
No se debiera tener prisa por obtener lo que por derecho propio y sacrificios nos pertenece: la paz. El reciente acuerdo de Gernika, a través del que los 732 presos de ETA que forman el Colectivo de Presos y Presas Políticos Vascos (EPPK) abogan por las vías exclusivamente políticas y por «un definitivo abandono de su actividad armada», viene acompañado de una mezquina petición de contraprestaciones; a cambio de la paz debemos darles amnistía total. Por supuesto, el ejecutivo ha rechazado la propuesta. ETA nos tienta, busca sacar tajada de su agonía. Se sabe muerta y quiere pervivir, trasmutándose en partido político y presionando a la clase política para obligarles a un acuerdo tibio. Pero en ETA y sus ramificaciones eufemísticas no hay una sincera voluntad de disolución ideológica; el discurso victimista y combativo pervive. La única diferencia es que el Estado de Derecho les ha cortado las alas, ahogando su aparato militar y financiero.
Tan cerca del final, solo cabe ser firmes y no ceder a la perficia contumaz de una banda de asesinos con ínfulas de salvapatrias. Tolerancia cero, ni agua.
Como pueden intuir ustedes, ETA sigue teniendo la sartén por el mango, pese a no haber manifestado aún su intención real de abandono de las armas. El ciudadano entiende muy bien, sin necesidad de que se lo expliquen, que a no ser que ETA desaparezca, ninguna institución política o tribunal de justicia puede vender su honestidad y deber a cambio de promesas. Otegi paga por una causa del pasado. Cualquier ciudadano que enaltezca el terrorismo o apoye directa o indirectamente a la banda armada debe ser puesto a disposición judicial y caer sobre él el peso de la ley; y esto debe cumplirse hoy, mañana e incluso si ETA desapareciera. Ningún proceso de paz puede saltarse a la torera las leyes vigentes. El Estado de Derecho debe ser fuerte, diligente e incisivo ante aquellos que quieren vender paz a cambio de concesiones. ETA y sus cachorros políticos deben saber que el Estado español no va concederles tregua ni agua. El único camino posible es el abandono de las armas y la puesta a disposición judicial de todos los terroristas que tengan cuentas con la justicia por delitos de sangre. Aquellos otros que quieran incorporarse a la vida política podrán hacerlo, respetando las reglas del juego democrático; de lo contrario, también deberán someterse a las leyes con gravedad e isonomía, como cualquier hijo de vecino.
Si mañana hubiera paz en Euskadi, ésta debiera lograrse porque las fuerzas de seguridad, las instituciones políticas, la Justicia y la sociedad civil se han unido en contra de estos asesinos (me niego a concederles el eufemismo de terroristas o violentos) y aquellos que bajo el amparo político intentan sacar tajada de este proceso, presionando al Estado para que ablande su postura. La tolerancia cero es una condición sine qua non para conseguir una paz duradera. Aquellos ciudadanos a los que se refiere Patxi López, que cree que no entenderán la decisión de la Audiencia Nacional, no son otros que aquellos que mantienen una actitud tibia y complaciente con la causa terrorista. El resto de ciudadanos lo hemos entendido demasiado bien. Son ellos quienes deben dar pasos; la sociedad española debe permanecer firme y decidida, fuerte ante la sinrazón y el chantaje. La impaciencia por conseguir un órdago en Euskadi puede ser a largo plazo más lesivo que esperar pacientemente a que el ahogamiento de la banda armada produzca su muerte súbita.
No se debiera tener prisa por obtener lo que por derecho propio y sacrificios nos pertenece: la paz. El reciente acuerdo de Gernika, a través del que los 732 presos de ETA que forman el Colectivo de Presos y Presas Políticos Vascos (EPPK) abogan por las vías exclusivamente políticas y por «un definitivo abandono de su actividad armada», viene acompañado de una mezquina petición de contraprestaciones; a cambio de la paz debemos darles amnistía total. Por supuesto, el ejecutivo ha rechazado la propuesta. ETA nos tienta, busca sacar tajada de su agonía. Se sabe muerta y quiere pervivir, trasmutándose en partido político y presionando a la clase política para obligarles a un acuerdo tibio. Pero en ETA y sus ramificaciones eufemísticas no hay una sincera voluntad de disolución ideológica; el discurso victimista y combativo pervive. La única diferencia es que el Estado de Derecho les ha cortado las alas, ahogando su aparato militar y financiero.
Tan cerca del final, solo cabe ser firmes y no ceder a la perficia contumaz de una banda de asesinos con ínfulas de salvapatrias. Tolerancia cero, ni agua.
Ramón Besonías Román
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