Los extremeños, así como ciudadanos de otras muchas Comunidades Autónomas, nunca han entendido cómo vascos, catalanes, valencianos o gallegos defienden su lengua regional como oro en paño. La causa de esta perplejidad es lógica; nosotros no poseemos una lengua que sobresalga del español con identidad propia; para nosotros es habitual y razonable entender que quien vive en España debe hablar español y tendemos a considerar que la homogeneización lingüística es la vía más sensata. Así, cuando otros españoles, procedentes de regiones con lengua propia defienden con ahínco su derecho a hablarla y protegerla, los escuchamos con escepticismo, incluso en algunos casos con indignación patriótica. No comprendemos la defensa de las lenguas locales como un derecho constitucional legítimo. Los hay que llevan esta perplejidad hasta el extremo de negar a vascos o catalanes este derecho y miran con malos ojos el ejercicio de su identidad lingüística como una amenaza a la fortaleza del español o un ejemplo de soberbia independentista. En las Comunidades Autónomas con lengua propia tienen lugar iguales excesos; no son pocos los que sueñan con una región sin injerencias lingüísticas, en la que la ciudadanía hable exclusivamente la lengua regional, dejando el español como segunda lengua voluntaria.
Por razones a las que es evidente que han contribuido posicionamientos políticos extremistas -el españolismo rancio en pos de la unidad nacional y los nacionalismos independentistas-, hoy por hoy sigue subsistiendo en España una estela de intolerancia hacia los bilingüismos autonómicos. Aquellos mismos que ven con buenos ojos que sus hijos tengan una base apropiada de inglés, francés o portugués, miran con recelo la presencia de otras lenguas en sus Autonomías. Pese a que la Constitución no deja lugar a dudas acerca de la necesidad de una convivencia pacífica entre el español como lengua nacional y las diferentes lenguas autonómicas, sigue existiendo un interés por perpetuar las diferencias y erosionar la convivencia entre los españoles. Aquellos que sueñan con una España dibujada a imagen y semejanza de su ego no hacen sino alimentar el odio y la crispación sociales. La diversidad lingüística, en vez de interpretarse como un signo de la riqueza cultural española, se utiliza como arma política de destrucción masiva. El sentido común -el menos común de los sentidos- recomienda que el futuro lingüístico de España pasa por la tácita aceptación del bilingüismo como expresión de la realidad social española; es razonable afirmar que el español debe ser la lengua de todos los españoles, así como es de cajón que todos aquellos ciudadanos que viven en Comunidades Autónomas con lengua propia aprendan, lean, escriban, se comuniquen a través de ella, sin obviar al español como lengua nacional. La función más primaria de la lengua es la comunicación y el entendimiento entre los seres humanos. Toda política lingüística debe facilitar más que entorpecer esta máxima universal. Más aún, teniendo en cuenta que el planeta Tierra es ya una casa común, global, en la que necesariamente lenguas y culturas diversas están obligadas a entenderse y convivir. Lo más razonable, no solo desde el punto de vista sociopolítico, sino también a nivel laboral, es aprender y dominar diferentes lenguas, sin estar por ello amenazada nuestra lengua materna o nuestra propia identidad cultural. El enfrentamiento civil, utilizando la lengua, la ideología o cualquier otro macguffin como excusa, es un mal endémico en nuestro país que ya es hora de sanar.
Los periódicos nos ilustran a diario con noticias que ejemplifican con fidelidad esta actitud extremista. La última la ha protagonizado Ainara Rodríguez, concejala del Ayuntamiento de Andoain, gobernado por Bildu, que ha declarado que desde hoy todas las ruedas de prensa serán solo en euskera. La concejala ha obviado que gobierna una localidad formada por ciudadanos con diversidad lingüística y que su deber público es ponerse al servicio de todos y cada uno de ellos, evitando anteponer sus intereses políticos a su responsabilidad. Así, lo lógico sería que las ruedas de prensa fueran en español, que es la lengua hablada por todos los habitantes de Andoain, o que fueran bilingües. El independentismo made in Bildu es un flagrante impedimento para la convivencia pacífica de todos los vascos y lesiona gravemente la diversidad cultural de Euskal Herria. Igual de lesivo es impedir que las lenguas autonómicas tengan vida propia y un futuro asegurado, defendiendo la uniformidad lingüística como condición para que se fortalezca la unidad nacional. Ambos mitos, ambos nacionalismos -el españolista y el independentista- son un insulto contra la inteligencia y el sentido común.
Por razones a las que es evidente que han contribuido posicionamientos políticos extremistas -el españolismo rancio en pos de la unidad nacional y los nacionalismos independentistas-, hoy por hoy sigue subsistiendo en España una estela de intolerancia hacia los bilingüismos autonómicos. Aquellos mismos que ven con buenos ojos que sus hijos tengan una base apropiada de inglés, francés o portugués, miran con recelo la presencia de otras lenguas en sus Autonomías. Pese a que la Constitución no deja lugar a dudas acerca de la necesidad de una convivencia pacífica entre el español como lengua nacional y las diferentes lenguas autonómicas, sigue existiendo un interés por perpetuar las diferencias y erosionar la convivencia entre los españoles. Aquellos que sueñan con una España dibujada a imagen y semejanza de su ego no hacen sino alimentar el odio y la crispación sociales. La diversidad lingüística, en vez de interpretarse como un signo de la riqueza cultural española, se utiliza como arma política de destrucción masiva. El sentido común -el menos común de los sentidos- recomienda que el futuro lingüístico de España pasa por la tácita aceptación del bilingüismo como expresión de la realidad social española; es razonable afirmar que el español debe ser la lengua de todos los españoles, así como es de cajón que todos aquellos ciudadanos que viven en Comunidades Autónomas con lengua propia aprendan, lean, escriban, se comuniquen a través de ella, sin obviar al español como lengua nacional. La función más primaria de la lengua es la comunicación y el entendimiento entre los seres humanos. Toda política lingüística debe facilitar más que entorpecer esta máxima universal. Más aún, teniendo en cuenta que el planeta Tierra es ya una casa común, global, en la que necesariamente lenguas y culturas diversas están obligadas a entenderse y convivir. Lo más razonable, no solo desde el punto de vista sociopolítico, sino también a nivel laboral, es aprender y dominar diferentes lenguas, sin estar por ello amenazada nuestra lengua materna o nuestra propia identidad cultural. El enfrentamiento civil, utilizando la lengua, la ideología o cualquier otro macguffin como excusa, es un mal endémico en nuestro país que ya es hora de sanar.
Los periódicos nos ilustran a diario con noticias que ejemplifican con fidelidad esta actitud extremista. La última la ha protagonizado Ainara Rodríguez, concejala del Ayuntamiento de Andoain, gobernado por Bildu, que ha declarado que desde hoy todas las ruedas de prensa serán solo en euskera. La concejala ha obviado que gobierna una localidad formada por ciudadanos con diversidad lingüística y que su deber público es ponerse al servicio de todos y cada uno de ellos, evitando anteponer sus intereses políticos a su responsabilidad. Así, lo lógico sería que las ruedas de prensa fueran en español, que es la lengua hablada por todos los habitantes de Andoain, o que fueran bilingües. El independentismo made in Bildu es un flagrante impedimento para la convivencia pacífica de todos los vascos y lesiona gravemente la diversidad cultural de Euskal Herria. Igual de lesivo es impedir que las lenguas autonómicas tengan vida propia y un futuro asegurado, defendiendo la uniformidad lingüística como condición para que se fortalezca la unidad nacional. Ambos mitos, ambos nacionalismos -el españolista y el independentista- son un insulto contra la inteligencia y el sentido común.
Ramón Besonías Román
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