Assange

¿Por qué se toma tanto interés el gobierno británico en detener a un individuo acusado de abuso sexual? Hasta para el más ingenuo puede ver en la actitud de la administración británica una estrategia para que Assange acabe en suelo estadounidense. Es evidente que Assange es una persona peligrosa para el gobierno de Obama, incontrolable y con información comprometida. Igualmente, es claro y distinto que Europa se ha blindado contra Assange, convirtiéndolo en un simple proscrito, y no en un defensor de la transparencia institucional, como la opinión pública sigue considerándolo. Así, la ONU ha dejado claro que Assange no es un refugiado político, sino un ciudadano que debe comparecer ante EE.UU; por lo tanto, no podrá acogerse a la protección de las leyes internacionales y queda a tiro de aquel gobierno que lo requiera. Sin embargo, el devenir de este proceso revela explícitamente que estamos ante un caso político, no meramente judicial, que está llevando a Reino Unido y EE.UU. a rozar con inquietante impunidad el respeto a las leyes internacionales, con tal de tener controlado y callado a Assange. 

Pero ¿qué ha hecho Assange para poner nervioso a EE.UU.? Wikileaks nació como una entidad independiente, desvinculada de cualquier interés político o económico, que tenía como único objetivo que los ciudadanos puedan defenderse contra los gobiernos, haciendo pública toda aquella información que revele ilegalidades o abusos de poder, o aquella otra a la que la ciudadanía tiene derecho acceder y que sus gobiernos le niegan o manipulan a mayor gloria de intereses particulares. Esta declaración de intenciones es ya de por sí, tomada literalmente, una idea revolucionaria. La lógica interna que vertebra todo poder político es el control de la información y su posterior deconstrucción narrativa. Los gobiernos no persiguen la verdad, entendida ésta como mera transparencia de datos y hechos. Antes bien buscan ser solo ellos garantes del discurso oficial sobre los acontecimientos, destruyendo cualquier versión ajena que pudiera hacer sombra a la suya. Un ciudadano nunca debe saber la verdad, solo el relato impostado que al gobierno interesa hacer público. Wikileaks intentó romper con esto, poniendo a disposición del ciudadano -más bien de la Humanidad- toda aquella información que el Estado les niega y que supone no una amenaza contra la seguridad nacional, sino un peligro contra aquellos que en ese momento detentan el poder y evitan a toda costa que determinada información afecte a su imagen pública o sus oscuras intenciones.

Desde la Ilustración, este papel está reservado al poder judicial, quien -Montesquieu dixit- tiene como ejemplar función proteger al ciudadano contra los excesos del poder político. Sin embargo, desde los años 60 ha aumentado en la ciudadanía occidental la sospecha de que tales mecanismos institucionales eran insuficientes, cuando no disfuncionales, quedando la sociedad civil a expensas de la azarosa voluntad del poder de turno. Assange vino a intentar solucionar este problema ex nihilo, desde fuera del propio orden político. Para ello encontró en las nuevas tecnologías un eficaz aliado; se rodeó de un grupo de expertos encriptadores, afines a la causa, que idearon un sistema de protección de datos que blindaba el origen de las fuentes de información, dejando sin embargo al aire y a libre disposición de aquel que quisiera leerlos, documentos clasificados, datos, testimonios, imágenes que los gobiernos guardaban celosamente.

La intención de Wikileaks era eminentemente moral. Wikileaks puede decirse que se convirtió en una especie de agencia independiente de espionaje, pero bajo la justificación moral de ser un servicio público sin injerencias políticas o económicas. Pretendía corregir un defecto grave dentro de las democracias modernas: la transparencia. Sin embargo, Assange se basa en un presupuesto ingenuo: toda información es buena si es transparente y no pone en peligro la integridad de los seres humanos implicados en ella. Pero esto no siempre es del todo cierto. No toda la información que maneja un gobierno debe ser conocida por la ciudadanía. No toda la información que los gobiernos ocultan tiene como objetivo tapar sus deficiencias o delitos. En ocasiones, la información es un material que se canjea para beneficiar determinados intereses nacionales. Y esto no puede evaluarlo Wikileaks, ya que desconoce la complejidad de los datos, su interacción con otros factores relevantes. Asimismo, la publicación de determinados hechos no deja de beneficiar los intereses políticos o económicos de otros círculos de poder, lo que convierte involuntariamente a Wikileaks en un grupo de presión no exento de responsabilidad en la dinámica política de los países a los que afecta. 

Otra cuestión de no menos importancia. ¿Podemos estar seguros de que Wikileaks es una entidad independiente, sin intereses ajenos a la mera transparencia? ¿Quién se beneficia con la información que publica?, ¿a quiénes afecta? Pretender convertir a Wikileaks en un ente acuoso, totalmente independiente, es ser demasiado ingenuo. La información que publica Wikileaks tiene una influencia ajena a sus intenciones. Por supuesto, la percepción robinhoodiana de Wikileaks le ha granjeado numerosos adeptos entre la ciudadanía europea, quienes ven en Assange una especie de Caballero Oscuro, vigilante y restaurador de justicia, contra la connatural maldad del poder político, controlado sin remisión a oscuros intereses económicos. Esta versión simple, pero fácilmente digerible para la ciudadanía perpleja de principios del siglo XXI, dota a Wikileaks y su santo fundador, Assange, de una alta popularidad e un impacto mediático sin fisuras. A esto hay que sumar que exorciza las inquietudes de buena parte de los internautas afines al discurso ciberanarquista de una red libre y sin injerencias, así como a aquellos ciudadanos indignados y escépticos, que ven en las instituciones públicas poco más que una soterrado versión de totalitarismo.

Wikileaks, lejos de servir de aviso a navegantes, ha endurecido el blindaje interno de los gobiernos contra filtraciones indeseadas; es decir, ha reforzado el propio oscurantismo informativo contra el que luchaba Assange, ha ofrecido una excusa perfecta para redoblar esfuerzos para proteger a los Estados contra enemigos externos. Por lo menos eso es lo que parece derivarse de la actitud de los gobiernos de Reino Unido y EE.UU. Wikileaks pretende corregir un déficit democrático, pero opera desde fuera del propio sistema, como un antibiótico que los gobiernos interpretan a modo de virus patógeno, en vez de reasimilarlo dentro del organismo. Wikileaks ha ayudado a fortalecer los sistemas de protección de datos, dando alas al recurso al miedo con el que determinados Estados justifican sus políticas de defensa. Ha conseguido el efecto contrario al que pretendía. Wikileaks ofrece argumentos a aquellos gobiernos que esperan cualquier amago de sospecha para debilitar nuestros derechos civiles.

A lo que sí ha contribuido es a alimentar un activismo ciudadano que se caracteriza por la desafección política y la fe en la red libre como nuevo catecismo social y campo de operaciones de sus vindicaciones. Un nuevo activismo político, alérgico a la forma tradicional de hacer política y escéptico con sus representantes políticos, que cree poder cambiar el mundo sin estar dentro del mismo. 

Toda transparencia institucional debe originarse dentro del mismo orden político en el que se inserta. Al igual que la información, dentro de lo razonable, no debe ser patrimonio de ningún gobierno, y la ciudadanía tiene derecho a conocer los hechos que rodean al trasunto político, ningún grupo de presión ajeno al Estado debiera controlar el acceso a esa información, con la excusa de convertirse en mediadores morales entre la incompetencia política y la indignación ciudadana. 

Ramón Besonías Román